JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: ST-JDC-20/2012

ACTORA: STEPHANIE ESMERALDA DELGADO ZÚÑIGA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

TERCERO INTERESADO: NO COMPARECIÓ

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS A. MORALES PAULÍN

SECRETARIO: CARLOS AARÓN AYALA GARCÍA

Toluca de Lerdo, Estado de México, a uno de febrero de dos mil doce.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro citado, promovido por Stephanie Esmeralda Delgado Zúñiga, a fin de impugnar el acuerdo de la primera sesión ordinaria del mes de enero de dos mil doce, del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, de fecha nueve de enero del año en curso, mediante el cual se realizó la asignación de síndicos de primera minoría y regidores de representación proporcional que integrarán los ayuntamientos en dicha entidad federativa.

RESULTANDO:

I. Antecedentes. De la narración de hechos que la actora hace en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes antecedentes:

1. Inicio del proceso electoral. El quince de enero de dos mil once, inició el proceso electoral para elegir a los miembros de los ayuntamientos en el Estado de Hidalgo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Electoral de esa entidad.

2. Aprobación de registro de la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de Singuilucan, Hidalgo, postulada por la Coalición “Poder con Rumbo”. El treinta de mayo de dos mil once, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo concedió el registro de las planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos del Estado de Hidalgo, postuladas por la Coalición “Poder con Rumbo”, para contender en la elección que se celebraría el pasado tres de julio de dos mil once; de acuerdo con la copia certificada que obra a fojas 048 a 066 del expediente en que se actúa, en el cual se aprecia que la hoy actora fue registrada como segundo regidor propietario para el Municipio de Singuilucan.

3. Jornada electoral. El tres de julio de dos mil once, se llevó a cabo en el Estado de Hidalgo la jornada electoral para elegir a los integrantes de los ayuntamientos para el periodo constitucional 2012-2016, entre ellos, los del Municipio de Singuilucan, Hidalgo.

4. Cómputo y declaración de validez de la elección. En fecha seis de julio de dos mil once, se llevaron a cabo los cómputos municipales, declarándose la validez de las ochenta y cuatro elecciones, y efectuándose la entrega de las constancias de mayoría correspondientes al mismo número de municipios.

5. Asignación de regidores por el principio de representación proporcional. El nueve de enero de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, emitió el acuerdo mediante el cual se asignaron los regidores de representación proporcional y síndicos de primera minoría en los ayuntamientos de la Entidad, con base en los resultados obtenidos en la elección del tres de julio de dos mil once; tal y como se advierte a fojas 067 a 107 del sumario.

II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Inconforme con el citado acuerdo de asignación de regidores, el trece de enero del año en curso, Stephanie Esmeralda Delgado Zúñiga, promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, como se advierte a fojas 005 a 044 del expediente.

III. Tercero interesado. Durante la tramitación del presente juicio, no compareció tercero interesado alguno, tal y como se advierte de la constancia levantada por el Secretario General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, consultable a foja 213 del expediente en que se actúa.

IV. Remisión del expediente a Sala Superior. El dieciséis de enero de dos mil doce, la autoridad responsable remitió a la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, el expediente formado con motivo del presente juicio ciudadano (foja 004 del sumario).

V. Cuaderno de antecedentes 101/2012. En la misma fecha, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar, con copias certificadas de las constancias que integran este expediente, el cuaderno de antecedentes 101/2012, y remitir los originales a esta Sala Regional, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; lo cual se cumplimentó el dieciocho de enero siguiente, a través del oficio SGA-JA-418/2012 (fojas 001 y 002 del expediente).

VI. Turno a ponencia. Por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil doce, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional acordó integrar el expediente ST-JDC-20/2012, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dicho acuerdo fue cumplimentado por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Regional, mediante oficio TEPJF-ST-SGA-0125/12 de la propia fecha, como se desprende a fojas 214 y 215 del sumario.

VII. Radicación y formulación de proyecto de resolución. Mediante auto dictado el veinticuatro de enero del año que transcurre, el Magistrado Instructor radicó el presente medio de impugnación; al tiempo en que ordenó formular el proyecto de resolución que en derecho corresponde, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia y jurisdicción. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 94, párrafo primero, 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185 y 186, fracción III, inciso c), 195, fracción IV, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafos 1 y 2, inciso c), 4, 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f), 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por una ciudadana que estima se conculcan en su perjuicio sus derechos a ser votada, ante la asignación de regidores de representación proporcional, realizada para el ayuntamiento del Municipio de Singuilucan, por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo; entidad federativa que pertenece a la circunscripción plurinominal donde esta Sala Regional ejerce su jurisdicción.

SEGUNDO. Improcedencia. Del análisis de la demanda formulada por la actora, se desprende que ésta considera que en el caso, resulta procedente promover directamente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; pues, a su decir, no existe ningún medio impugnativo que establezca la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Hidalgo, que puedan promover los ciudadanos y/o candidatos en contra de los actos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en la citada entidad federativa, mediante los cuales se les niega el acceso a asumir y desempeñar el cargo de elección popular en franca violación a sus derechos político-electorales.

Conforme a lo anterior, se advierte que acorde a lo previsto en el artículo 99, apartado C, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 101, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del mismo Estado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo es competente para conocer sobre las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de esa entidad federativa, relacionados con su derecho de votar y ser votados; lo que implica que se surta la competencia de ese órgano jurisdiccional para conocer de los actos que son materia de impugnación y la necesidad de que se agote dicho medio de defensa, a fin de dar cumplimiento al requisito de definitividad como presupuesto de procedencia del presente juicio ciudadano.

Sin embargo, a fin de salvaguardar el acceso a la justicia a que tiene derecho todo enjuiciante, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al principio de justicia pronta contenido en el citado precepto constitucional, esta Sala Regional estima pertinente resolver la presente instancia por las razones que se exponen en seguida.

Tomando en consideración que los integrantes de los ayuntamientos que han sido electos en el proceso electoral celebrado el pasado tres de julio de dos mil once en el Estado de Hidalgo, tomaron posesión de su encargo el dieciséis de enero de dos mil doce, de conformidad con lo previsto en el artículo noveno transitorio del Decreto de reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, publicado el seis de octubre de dos mil nueve; es inconcuso, que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia relativa a que el acto impugnado se ha consumado de un modo irreparable, en atención a lo previsto en el artículo 10, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que, en lo conducente, señala:

"Artículo 10

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos:

(…)

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley…"

(Lo resaltado corresponde a esta Sala Regional)

Al respecto, un medio de impugnación resulta improcedente si se pretenden impugnar actos o resoluciones que se han consumado de un modo irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producirse todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes que se cometieran las presuntas violaciones reclamadas, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o ejecutados, provocan la imposibilidad de resarcir al promovente en el goce del derecho que se estima violado.

De esta forma, el requisito procedimental consistente en que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, se establece como un presupuesto procesal, porque su falta daría lugar a que no se configurara una condición necesaria para constituir la relación jurídica procesal válida, ante la existencia de un obstáculo que impide la constitución del proceso y, con ello, se imposibilita el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre la controversia planteada. Así lo ha sostenido la Sala Superior de este Tribunal Electoral en la jurisprudencia 37/2002, visible en las páginas 381 y 382 de la "Compilación 1997-2010, Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, Jurisprudencia, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LAS CONDICIONES DE PROCEBILIDAD ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 99 CONSTITUCIONAL SON GENERALES.—El artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, fracción IV, establece que corresponde al Tribunal Electoral resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones y que esta impugnación procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos. Como se desprende de su lectura, se establecen una serie de requisitos que han sido clasificados como presupuestos o condiciones de procedibilidad, que sin embargo no se vinculan con un medio de impugnación específico, sino exclusivamente con la posibilidad jurídica de combatir los actos administrativo-electorales o jurisdiccionales que se emitan por las autoridades competentes de las entidades federativas. Analizados los presupuestos procedimentales de esta disposición, debe aplicarse el principio general del derecho referente a que, donde la ley no distingue nadie debe distinguir, y por tanto, si nuestra Ley Fundamental no establece que dicha posibilidad jurídica sólo sea exigible cuando la impugnación de tales actos o resoluciones estén vinculados a los comicios estatales, o se deduzca de algún medio específico de los establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que la ley secundaria no puede orientarse en sentido restrictivo, ni el legislador cuenta con la aptitud jurídica de limitar las normas de rango constitucional y aun y cuando se haya determinado como vía natural constitucional para la impugnación de elecciones estatales y municipales al juicio de revisión constitucional electoral, debe inferirse que la exigibilidad que ampara la norma suprema lo es respecto de todos los medios de impugnación inscritos en esta ley secundaria, independientemente de la vía procesal exigida al actor para combatir los actos comiciales estatales."

Ahora bien, en términos del artículo 10, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se tiene que los medios de impugnación serán improcedentes en el caso de que se pretendan impugnar actos o resoluciones que se hayan consumado de un modo irreparable, es decir, cuando habiendo sido emitidos o ejecutados, imposibiliten resarcir al quejoso en el goce del derecho que estime violado.

Ello es así, toda vez que, como lo ha reiterado la Sala Superior de este Tribunal Electoral, los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales correspondientes, en relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes en los mismos.

En el caso, resulta inconcuso que la pretensión de la actora se ha consumado de modo irreparable, en razón de que los integrantes del ayuntamiento de Singuilucan, Hidalgo, entraron en funciones el dieciséis de enero del año en curso, circunstancia que hace material y jurídicamente imposible la reparación de la violación alegada por la actora.

En efecto, esto es así por que, de conformidad con lo dispuesto por el transitorio noveno del Decreto número doscientos nueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado el seis de octubre del año dos mil nueve, por el que se reformaron varios artículos de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; establece que los integrantes de los ayuntamientos electos el primer domingo de julio de dos mil once, tomarán posesión de su encargo el dieciséis de enero del año dos mil doce y lo concluirán el cuatro de septiembre de dos mil dieciséis.

En acatamiento al transitorio citado, es un hecho notorio para esta Sala Regional, el cual se invoca en términos de lo dispuesto por el artículo 15, numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que el pasado dieciséis de enero de este año, tomaron protesta de sus cargos, los miembros de los ayuntamientos que fueron electos el pasado tres de julio de dos mil once.

De lo expuesto, se evidencia la imposibilidad jurídica para que este órgano jurisdiccional federal pueda acoger la pretensión de la enjuiciante, toda vez que el expediente del presente juicio, fue recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, el dieciocho de enero del año en curso, a las dieciséis horas con doce minutos, como se desprende del acuse de recibo que obra a foja 001 del expediente; esto es, una vez que los integrantes del ayuntamiento de Singuilucan, Hidalgo, ya habían tomado posesión del cargo, situación que torna imposible que esta Sala Regional realice un pronunciamiento de fondo, al haberse consumado de un modo irreparable, el acto que por esta vía se impugna.

Robustece lo anterior, el contenido de la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal, identificada con el número 10/2004, visible en las páginas 343 a 345 de la "Compilación 1997-2010, Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, Jurisprudencia, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

INSTALACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ELEGIDOS. SÓLO SI SON DEFINITIVAS DETERMINAN LA IMPROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. Para entender el alcance de la fracción IV del párrafo cuarto del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a que la impugnación de actos y resoluciones en materia electoral, sólo procederá cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos, debe atenderse al valor que protege la norma, consistente en la necesidad de seguridad en los gobernados, respecto a la actuación de los órganos instalados y de los funcionarios que los integran, en el ejercicio de la función pública correspondiente, el cual puede verse afectado si no se garantiza su certeza y continuidad, al hacer posible que con posterioridad se declare la ineficacia de la instalación definitiva del órgano, o de la toma de posesión definitiva de los funcionarios elegidos, como consecuencia de la invalidez de la elección o de la asignación de los funcionarios. En atención a tal situación es que, no obstante el gran valor que el Constituyente dio a los principios de constitucionalidad y legalidad respecto de los actos y resoluciones electorales, y a las sólidas garantías con que los protege, al advertir la posibilidad del peligro mayor de provocar una especie de vacío de poder, con la ineficacia de uno de los órganos del Estado, y que esto podría generar la incertidumbre en la atención de las funciones y los servicios públicos, se estableció como requisito de procedencia, que al momento de resolverse el asunto, las violaciones puedan ser reparadas antes de la instalación de los órganos o de la toma de posesión de los funcionarios. Por tanto, si el valor protegido por el Constituyente es la seguridad de los gobernados, en cuanto a las funciones de los órganos o de los funcionarios públicos, con miras a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, resulta inconcuso que el límite de las expresiones que se interpretan lo marcan las situaciones en que se ponga en riesgo el valor apuntado, por lo cual los conceptos instalación del órgano y toma de posesión de los funcionarios elegidos, no deben entenderse en su sentido formal, sino en el material que es más amplio, y consiste en la entrada real en ejercicio de la función, mediante la realización de las actividades propias del órgano o del funcionario, esto es, que se esté en presencia de una instalación de los órganos o de una toma de posesión de los funcionarios que sean definitivas, dado que sólo así se pondría en peligro el valor directamente tutelado; de modo que cuando se está en presencia de actos puramente previos o preparatorios de esa instalación o de esa toma de posesión definitivas, se debe tener por satisfecho el requisito de procedibilidad y decidir el fondo del asunto.

Dicha jurisprudencia, en lo que interesa, sostiene que: para entender el alcance de la fracción IV, del párrafo cuarto, del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a que la impugnación de actos y resoluciones en materia electoral, sólo procederá cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos, debe atenderse al valor que protege la norma, consistente en la necesidad de seguridad en los gobernados, respecto a la actuación de los órganos de la función pública correspondiente, el cual puede verse afectado si no se garantiza su certeza y continuidad, al hacer posible que con posterioridad se declare la ineficacia de la instalación definitiva del órgano, o de la toma de posesión definitiva de los funcionaros elegidos, como consecuencia de la invalidez de la elección o de la asignación de funcionarios.

No obstante, el gran valor que el Constituyente dio a los principios de constitucionalidad y legalidad respecto de los actos y resoluciones electorales, y a las sólidas garantías con que los protege, al advertir la posibilidad del peligro mayor de provocar una especie de vacío de poder, con la ineficacia de uno de los órganos del Estado, y que esto podría generar la incertidumbre en la atención de las funciones y los servicios públicos, se estableció como requisito de procedencia, que al momento de resolverse el asunto, las violaciones puedan ser reparadas antes de la instalación de los órganos o de la toma de posesión de los funcionarios; lo que en la especie no se surte, pues como se mencionó anteriormente, los regidores electos bajo el principio de representación proporcional, tomaron posesión de sus cargos el pasado dieciséis de enero de este mismo año.

En tales condiciones, la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que nos ocupa, es notoriamente improcedente, y por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debe desecharse de plano, al actualizarse la causal de improcedencia citada, y toda vez que la misma no ha sido admitida.

Una determinación distinta, esto es, considerar la posibilidad jurídica de revisar el acto combatido, aun cuando éste se haya consumado irreparablemente, trastocaría lo dispuesto por el artículo 41, Base VI de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que las fases que componen los procesos electorales, una vez superados, adquieren firmeza y definitividad.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, presentada por Stephanie Esmeralda Delgado Zúñiga; por las razones expuestas en el considerando segundo del presente fallo.

NOTIFÍQUESE a las partes en los términos de ley, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, párrafos 1 y 3, 28 y 84, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Asimismo, hágase del conocimiento público en la página que tiene este órgano jurisdiccional en Internet.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y remítase el expediente al Archivo Jurisdiccional de esta Sala Regional, como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

CARLOS A. MORALES PAULÍN